En un foro que se realizó en la Sala de Adiestramiento del diario EL IMPULSO, Fátima de Pereira, docente, directora de plantel y tesorera de la Asociación Larense de Educación Privada, y Antonio Figueroa, abogado asesor de la asociación, dieron su punto de vista e hicieron un análisis detallado de lo que representaría la recién aprobada Resolución 058.
En compañía de los representantes de la Red de Instituciones Larenses, ambos participantes del foro explicaron la suspicacia que genera la aplicación de dicha aprobación en la actividad cotidiana de los centros educativos.
“Ellos alardean de que esta resolución incorpora a los padres, representantes y a los entes que hacen vida cerca de la institución educativa, pero la verdad, y el problema de esto, es el sesgo político que generaría la participación de los consejos comunales o las comunas, representados en su mayoría por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (partido de gobierno)”, dijo Antonio Figueroa, explicando lo que, a su juicio, es el verdadero trasfondo de la medida emanada.
Además del tinte político, ambos participantes coinciden en el “peligro” que representaría la delegación de las funciones en lo que respecta a la evaluación de los docentes a través de comités. “Esto se puede prestar a que los problemas personales interfieran en las decisiones sobre un docente; si a un miembro de dichos consejos comunales le cae mal un educador, puede proponer sustituirlo”, indica de Pereira, quien no comparte la idea de que personas ajenas a las instituciones educativas, que no sean padres y representantes, tengan poder de decisión sobre los planteles.
Educación amenazada
Según el especialista en derecho, “la educación venezolana se ve seriamente amenazada”, ya que en la Ley Orgánica de Educación (2009) el Estado se proclama como docente, “y lo que se busca es la eliminación de la educación democrática y representativa, por una educación socialista, participativa y revolucionaria”.
Por tal motivo, los miembros de esta asociación confían en los espacios como el foro desarrollado en la mañana de ayer, además de las asambleas que se llevan a cabo regularmente con padres y representantes en los centros educativos, en las cuales se le permite difundir las consecuencias de esta resolución.
Además de los trabajos de concienciación, asociaciones y grupos similares a ALEP en Caracas buscarán parar los avances de esta resolución, tratando de introducir un recurso de ilegalidad ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremos de Justicia, por contravenir algunas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública, sobre la consulta de dichas decisiones a la colectividad.
“Cuando existe una disposición como ésta, se debe hacer una consulta masiva. Ellos dicen que consultaron a 5 mil personas, pero en Venezuela hay más de 26 mil planteles”. A su vez, la solicitud de ilegalidad sobre la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente, donde se explica que los planteles educativos deben tener un Reglamento Disciplinario y, en la resolución, se habla sobre Acuerdos de Convivencia Escolar.
Por último, Figueroa indicó que en los colegios privados que su asociación representa no estarán aplicando dicha resolución mientras el Gobierno Nacional, “no se baje nuevos lineamientos que llenen los vacíos que hay en torno a esta medida”, puntualizó.
Foto: Edickson Durán
